Señor Gabriel Aguilar
Ministro de Justicia y Paz Señor ministro, he visto circular varias publicaciones en las redes sociales en las que se le pide que renuncie a su cargo por una actuación que, a mi juicio, no corresponde a la…

Ministro de Justicia y Paz
Señor ministro, he visto circular varias publicaciones en las redes sociales en las que se le pide que renuncie a su cargo por una actuación que, a mi juicio, no corresponde a la responsabilidad que usted ocupa. Creo que apartarse sería lo correcto, por respeto a las personas, al cargo y a la patria. Sin embargo, después de ver otras publicaciones, me cuesta recomendarle que lo haga en este momento. Y esa dificultad nace de una preocupación humana por su seguridad.
He visto expresiones que percibo como amenazas contra su integridad, y otras que involucran a su familia. Desconozco quiénes están detrás de ellas, si tienen alguna relación con las personas privadas de libertad que aparecen en la grabación o si existe una intención real de hacerle daño. No me corresponde atribuirles una identidad ni una motivación. Pero lo que he visto me preocupa. Ninguna indignación, por legítima que alguien la considere, justifica amenazarlo a usted ni a sus seres queridos.
Por eso, aunque considero que debería apartarse del gobierno, me inquieta pensar en las condiciones de seguridad en las que lo haría. No conozco el alcance de la protección que recibe actualmente ni cuánto tiempo podría conservarla al dejar el puesto. Tampoco puedo asegurar que permanecer en él garantice su seguridad. Lo que deseo es que cualquier decisión sobre su continuidad vaya acompañada de una valoración seria de las amenazas y de las medidas de protección que correspondan, tanto para usted como para su familia.
No quisiera verlo obligado a permanecer en un cargo por miedo a lo que pueda sucederle al salir. Usted debería poder responder por sus actuaciones y tomar decisiones sobre su futuro sin que una amenaza determine el camino. Mi desacuerdo con lo que hizo no me impide preocuparme por su vida. Puedo considerar que debe renunciar y, al mismo tiempo, exigir que su integridad sea protegida. Porque ningún error, ninguna humillación y ningún cargo público convierten a una persona o a su familia en un blanco legítimo de violencia.